En España, la concesión de préstamos a particulares debe basarse en criterios de responsabilidad y prudencia financiera. Esto implica que las entidades analicen, de forma previa, distintos factores esenciales antes de aprobar la financiación.
Por un lado, es imprescindible evaluar la solvencia económica del prestatario, atendiendo a la estabilidad y origen de sus ingresos habituales, así como a sus obligaciones financieras ya existentes. No se trata solo de poder pagar hoy, sino de mantener ese equilibrio a lo largo del tiempo.
Asimismo, los planes de amortización deben ser realistas y compatibles con la renta disponible del cliente, de manera que el pago de las cuotas no limite de forma significativa la atención de los gastos ordinarios de la unidad familiar.
Por último, se exige una proporción razonable entre el importe del préstamo y el valor del inmueble ofrecido en garantía, siendo habitual que el comprador aporte fondos propios para la operación, especialmente cuando se trata de segundas residencias o inversiones.
Revisar estos aspectos antes de firmar un contrato de arras puede evitar compromisos económicos difíciles de asumir y operaciones que no lleguen a formalizarse.
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